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Nuevas reglas del Banco Mundial condicionan sus contratos de infraestructura a la creación de empleo local

A partir del 1 de septiembre de 2025, el Banco Mundial aplicará una nueva política que obliga a las empresas adjudicatarias de contratos de obras civiles en proyectos financiados por esta institución a destinar al menos el 30% del coste de la mano de obra a trabajadores locales.

El propósito de esta medida es claro: generar empleo local y fomentar el desarrollo de habilidades en las comunidades donde se ejecutan los proyectos. Al vincular directamente el gasto en mano de obra con trabajadores locales, se pretende que:

  • Aumenten los ingresos familiares
  • Se mejoren las condiciones de vida
  • Se fortalezcan las economías locales mediante la reinversión y el crecimiento de la actividad productiva
  • Se forme una fuerza laboral calificada y adaptada a las necesidades del futuro

La decisión se enmarca en un contexto en el que 1.200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en países en desarrollo durante la próxima década. Esta presión demográfica obliga a generar oportunidades laborales sostenibles, y los proyectos de infraestructura pública se presentan como herramientas clave para este objetivo.

Según Gallina A. Vincelette, vicepresidenta de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países del Banco Mundial, esta medida refuerza el compromiso institucional con el desarrollo inclusivo. El uso prioritario de mano de obra local:

  • Genera beneficios inmediatos
  • Construye capacidades a largo plazo
  • Contribuye a la estabilidad económica y social

La nueva norma complementa otras reformas introducidas en marzo de 2025, que buscan mejorar el proceso de adquisiciones. Entre esas medidas previas se destacan:

  • Atracción de licitantes más cualificados
  • Evaluación basada en la calidad, sostenibilidad, innovación y costos de ciclo de vida
  • Mayor énfasis en criterios sociales, como la creación de empleo local

Esta política se aplicará exclusivamente a los contratos de obras civiles sujetos a procesos de adquisición internacional competitiva, lo que incluye proyectos de infraestructura energética, transporte y otras obras públicas.

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